Ejecución de líder chií en Arabia Saudí eleva riesgo de guerra entre musulmanes
Las autoridades saudíes ejecutaron ayer a 47 personas condenadas por terrorismo, entre ellas el clérigo chií opositor Nimr Baqir al Nimr, en una demostración de mano dura de ese reino suní que encendió la ira de la comunidad chií en Oriente Medio y en especial en Irán, el único país musulmán donde los chiitas son la abrumadora mayoría.
Esa ejecución en masa y simultánea, realizada en doce zonas del país mediante decapitaciones por sable y fusilamientos, es la mayor realizada en décadas en el reino saudí, donde desde la llegada al trono de Salman bin Abdelaziz a principios de 2015 se ha disparado la aplicación de este tipo de castigos.
El año pasado se realizaron 150 las ejecuciones en el país que sigue una estricta versión de la sharía o ley islámica, según organizaciones de Derechos Humanos, una cifra muy superior a las 90 de 2014.
La mayoría de los ejecutados —45 saudíes, un egipcio y un chadiano— son extremistas suníes, algunos destacados miembros de Al Qaeda, pero entre ellos figuran también cuatro chiíes como Al Nimr, detenido en julio de 2012, al calor de la “Primavera Árabe”, que en Arabia Saudí fue protagonizada por la minoría chií, pero que fue duramente reprimida por esa monarquía suní.
Al Nimr fue condenado a muerte en octubre del año pasado por instigar a la violencia sectaria y apoyar los disturbios y a “grupos terroristas” contra las autoridades saudíes en la provincia de Al Qatif, en el este del país y la única de mayoría chií.
“Pagará caro”. Tras conocerse la noticia, Irán vertió amenazas contra Arabia Saudí, su archienemigo en la región del golfo Pérsico. El canciller Hosein Yaber Ansarí denunció “el crimen” del régimen saudí, y auguró que este “pagará un precio alto” por esta acción.
En respuesta, la cancillería saudí convocó al embajador iraní en Riad para protestar por “las declaraciones agresivas” de Teherán y consideró las declaraciones del vecino del norte “una injerencia flagrante en los asuntos internos del reino”.
Ante las críticas, las autoridades saudíes defendieron su decisión alegando que todos fueron sometidos a “juicios justos, con todas las garantías, y en aplicación de la ley islámica”, que en ese país se rige por la “sharía” (la versión más estricta del Corán).
El mufti saudí, la máxima autoridad religiosa, Abdulaziz al Sheij, dijo que estas ejecuciones son “legítimas” y tienen el objetivo de “defender la seguridad y estabilidad” del país.
Además, señaló que el anuncio de las ejecuciones estaba precedido por versículos coránicos que justifican el uso de este castigo, según el comunicado del Ministerio del Interior.
También responsabilizó al Gobierno iraní de la protección de la embajada saudí en Teherán y de la suerte que corran sus diplomáticos.
Esa ejecución en masa y simultánea, realizada en doce zonas del país mediante decapitaciones por sable y fusilamientos, es la mayor realizada en décadas en el reino saudí, donde desde la llegada al trono de Salman bin Abdelaziz a principios de 2015 se ha disparado la aplicación de este tipo de castigos.
El año pasado se realizaron 150 las ejecuciones en el país que sigue una estricta versión de la sharía o ley islámica, según organizaciones de Derechos Humanos, una cifra muy superior a las 90 de 2014.
La mayoría de los ejecutados —45 saudíes, un egipcio y un chadiano— son extremistas suníes, algunos destacados miembros de Al Qaeda, pero entre ellos figuran también cuatro chiíes como Al Nimr, detenido en julio de 2012, al calor de la “Primavera Árabe”, que en Arabia Saudí fue protagonizada por la minoría chií, pero que fue duramente reprimida por esa monarquía suní.
Al Nimr fue condenado a muerte en octubre del año pasado por instigar a la violencia sectaria y apoyar los disturbios y a “grupos terroristas” contra las autoridades saudíes en la provincia de Al Qatif, en el este del país y la única de mayoría chií.
“Pagará caro”. Tras conocerse la noticia, Irán vertió amenazas contra Arabia Saudí, su archienemigo en la región del golfo Pérsico. El canciller Hosein Yaber Ansarí denunció “el crimen” del régimen saudí, y auguró que este “pagará un precio alto” por esta acción.
En respuesta, la cancillería saudí convocó al embajador iraní en Riad para protestar por “las declaraciones agresivas” de Teherán y consideró las declaraciones del vecino del norte “una injerencia flagrante en los asuntos internos del reino”.
Ante las críticas, las autoridades saudíes defendieron su decisión alegando que todos fueron sometidos a “juicios justos, con todas las garantías, y en aplicación de la ley islámica”, que en ese país se rige por la “sharía” (la versión más estricta del Corán).
El mufti saudí, la máxima autoridad religiosa, Abdulaziz al Sheij, dijo que estas ejecuciones son “legítimas” y tienen el objetivo de “defender la seguridad y estabilidad” del país.
Además, señaló que el anuncio de las ejecuciones estaba precedido por versículos coránicos que justifican el uso de este castigo, según el comunicado del Ministerio del Interior.
También responsabilizó al Gobierno iraní de la protección de la embajada saudí en Teherán y de la suerte que corran sus diplomáticos.
Con información de la Crónica
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