Campesinos en Chiapas piden respuesta a sus demandas agrarias

Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) tomaron este medio día las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicadas en esta ciudad, para demandar a las autoridades estatales que agilicen la respuesta a sus demandas agrarias, sociales y de justicia.

Uverlaín Aguilar de la Cruz, coordinador de la agrupación informó que al mismo tiempo, decenas de miembros de la organización continúan con el plantón instalado el primero de este mes en la Plaza Catedral, en espera de que las autoridades den respuesta a sus demandas.

En entrevista comentó que las oficinas de la CNDH fueron tomadas por unos 20 campesinos a las 12 horas debido a que funcionarios estatales se habían comprometido a enviarles la propuesta de minuta de acuerdo entre el sábado y el domingo y no lo habían hecho.

Aseguró que “18 minutos después de que los compañeros tomaron las oficinas del organismo, nos llegó el documento a nuestro correo electrónico, por lo que lo vamos a analizar para dar una respuesta al gobierno”.

Advirtió que mientas no se firme el acuerdo correspondiente no se retirarán de la CNDH ni de la Plaza Catedral, por donde pasará el Papa Francisco durante su visita a esta ciudad el 15 de este mes.

En la Plaza Catedral se encuentran plantados también decenas de pobladores del municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, para exigir el retorno de 9 familias expulsadas por priistas de la comunidad de Shulvó, del municipio oficial de Zinacantán.

Juan Pérez Pérez, representante de los afectados, dijo que las autoridades de la comunidad “se niegan a que regresemos, además de que quieren cobrarnos multa”.

Manifestó que la noche del pasado viernes se realizó una reunión, con la participación de autoridades estatales, municipales, comunitarias y representantes de la diócesis y de los desplazados, pero no se llegó a acuerdo alguno porque el agente municipal de Shulvó, José Pérez Pérez, dijo que no pueden regresar sino hasta el 28 de febrero.

“Yo le dije que nosotros queremos regresar de inmediato, que nos paguen los daños ocasionados a nuestras casas y vehículos y que se castigue a los culpables, pero no quiso y dijo que la comunidad no quiere que entremos si no pagamos una multa”, aseveró.

Con información de La jornada