Mayoría de ministros de SCJN, a favor de Ley General para proteger autistas

La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inclinó a favor de validar la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista y de declarar la inconstitucionalidad de sólo algunos artículos, entre éstos, el que establece que quienes tienen este síndrome, están obligados a contar con un “un certificado de habilitación” para hacer constar sus aptitudes laborales.

Sólo cuatro de los once ministros se pronunciaron por declarar la invalidez de la Ley en su conjunto, en razón de que la Cámara de Diputados no cumplió con lo establecido en la Convención sobre Personas con Discapacidad que establece que cuando se legisle en la materia, el Estado Mexicano debe convocar a consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, “asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de las políticas públicas”.

José Ramón Cossío, quien adelantó que votará en contra del proyecto de dictamen que avala la mayoría, señaló que la Convención Internacional referida prevé una serie de directrices dirigidas a los órganos legislativos sobre la forma como deben llevarse a cabo las consultas, parámetros que no fueron cumplidos por el congreso mexicano.

“No sólo considero que la manera en que se llevó a cabo el proceso legislativo no satisface los criterios establecidos por la Convención, “sino que este hecho debe contribuir para un cambio por parte del congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados para establecer los instrumentos de derecho interno, para el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano en el plano internacional”.

Al igual que Fernando Franco, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío planteó que lo procedente es invalidar la Ley para que el Congreso “solvente las carencias del proceso, allegándose de toda la información relevante en la materia, involucrando a las personas con discapacidad y las organizaciones que los representen”.

Agregó que el hecho de que la Cámara de Diputados convocar a un Congreso Internacional sobre Autismo, celebrado en Baja California en noviembre de 2014, al que asistieron expertos, organizaciones sociales y algunos legisladores, fue un “evento aislado” que no fue organizado como parte de un proyecto legislativo y que además, no tenía el objeto específico de discutir y redactar un a ley”-

Más importante aún, subrayó, no hay evidencia alguna en los instrumentos legislativos de la cual se desprenda que las conclusiones derivadas de ese evento y menos aún, que las consideraciones de las organizaciones de la sociedad civil, hayan tenido algún impacto o injerencia sustantiva en el proceso legislativo.

Cossío planteó que el pleno tenía la oportunidad de establecer los parámetros que deben cumplir las consultas en casos en los que México ha suscrito convenios internacionales.

Con información de La Jornada