Brasil: escala crisis política tras difusión de conversación de Rousseff con Lula

La crisis política en Brasil escaló tras la difusión de escuchas policiales de una charla telefónica entre la presidenta Dilma Rousseff y Luiz Inacio Lula da Silva que sugiere una maniobra política a favor del exmandatario.

La conversación publicada el miércoles indica que Lula habría sido nombrado ministro a fin degarantizarle un fuero privilegiado ante las investigaciones de la Operación Lava Jato.

La grabación, de pocos segundos, revela una llamada a iniciativa de la presidenta de Brasil para Lula, a quien Rousseff anuncia que le está enviando un documento oficial con el nombramiento para utilizarlo “en caso de necesidad”.

La conversación sobrevino el miércoles a las 13:32 hora de Brasil (10:32 hora de la Ciudad de México), minutos antes de que el Gobierno brasileño anunciara oficialmente el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete).

Los investigadores de la Operación Lava Jato, asociaciones de jueces y buena parte de la prensa brasileña, interpretaron esa llamada de Rousseff como una sugerencia a Lula para utilizar el documento oficial si es que enfrentaba la inminencia de un arresto.

La eventual detención del expresidente sería en el marco de la Operación Lava Jato, queinvestiga la corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.

Pero Rousseff rechazó categóricamente esa interpretación en una nota que condenó la publicación de las grabaciones, que se registran tras el levantamiento del secreto de sumario de las investigaciones contra Lula decretado hoy por la Justicia.

“Una vez nuevo ministro, Luiz Inacio Lula da Silva, no sabía todavía si comparecería a la ceremonia de toma de posesión del cargo de ministro”, dijo la nota.

Añadió que “la presidenta de la República envió para su firma el debido término de toma de posesión. Éste solo sería utilizado en caso confirmado de ausencia del ministro Lula”, añadió.

Horas después de la revelación de las conversaciones telefónicas de Lula –cuyo teléfono habría sido interceptado por la policía durante semanas- se iniciaban manifestacionesespontáneas en varias ciudades de Brasil.

En Brasilia, al menos dos mil personas ocupaban la entrada del Palacio del Planalto, sede de la presidencia, así como las inmediaciones del Parlamento, donde la policía tuvo que intervenir para dispersar a manifestantes con bombas de gas lacrimógeno.

En Sao Paulo, al menos cinco mil personas ocuparon la Avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo, para pedir la renuncia de Rousseff.

Esta nueva marcha siguió a otra hace tres días cuando 1.2 millones de personas ocuparon el centro de la capital económica de Brasil para pedir un juicio político a la mandataria.

Otros actos de protesta se registraron el miércoles por la noche en ciudades como Río de Janeiro e incluso Sao Bernardo do Campo, donde Lula tiene su residencia privada y donde se registraron leves escaramuzas entre manifestantes a favor y en contra del expresidente.

Todo ello se registró en una jornada en la que Rousseff hizo ministro de la Casa Civil a supredecesor y mentor político con el objetivo, según la mandataria, de capear la crisis política que vive la mayor economía de América Latina.

Ese nombramiento, hecho público y que debe consumarse este jueves con la toma de posesión del cargo por parte de Lula, otorga un fuero privilegiado al exmandatario en las investigaciones contra él por su eventual implicación en la trama Petrobras.

Lula ya no podrá ser investigado por el juez Sergio Moro, que dirige la Operación Lava Jato desde la ciudad de Curitiba, sino que su caso pasa ahora al Supremo Tribunal Federal (STF), instancia judicial que algunos analistas en Brasil estiman más permeable a presiones políticas.

La oposición política anunció que adoptará acciones judiciales para pedir la invalidación del nombramiento de Lula, y también dijo que acelerará el proceso de juicio político contra Rousseff en el Congreso.

La Cámara Baja retomará el trámite para un eventual proceso de ‘impeachment’ contra la presidenta, y fuentes políticas aseguran que el juicio político podría ahora avanzar rápidamente en el Legislativo.

(Con información de Aristegui)