Violencia estructural, riesgo diario para las mujeres: TEPJF

Durante la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza aseveró: “en México la violencia estructural constituye un riesgo diario para las mujeres y un obstáculo que le impide actuar con libertad, a pesar de los avances en la sociedad y en el orden jurídico hacia la igualdad sustancial, la violencia persiste contra las mujeres en los ámbitos familiar, social, económico y político, lo que imposibilita el cabal ejercicio de sus derechos humanos”.

En las instalaciones del TEPJF Carrasco Daza subrayó que ante la perniciosa presencia del corrosivo binomio violencia-impunidad las mujeres son colocadas en un dilema en el que cualquiera de las opciones que lo componen supone una gran pérdida en términos de realización individual e implica ceder espacios de libertad y derechos que a lo largo de los años han conquistado.

Refirió el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota y la agresión sexual a la joven periodista Andrea Noel, el pasado 8 de marzo, por cierto, en el Día Internacional de la Mujer.

El magistrado presidente insistió “este suceso se repite a diario en las calles que dibujan el paisaje urbano de este país. Miles de mujeres experimentan esta misma situación, pues el sólo hecho de transitar en la vía pública parecería ser suficiente para colocar en riesgo su integridad física y sexual”.

Destacó que el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres constituye un documento normativo de insuperable mérito, no sólo por su composición sustantiva y la distribución de responsabilidades de cada una de las instituciones presentes sino por su carácter reactivo que lo eficientiza como instrumento para resguardar la integridad de las mujeres y de potenciales víctimas indirectas.

La magistrada Carmen Alanís, una de las impulsoras del protocolo en el que participan además del TEPJF, la Fepade, Inmujeres, la CEAV, la Secretaría de Gobernación y la PGR, subrayó que el protocolo responde “a una realidad que no queremos.

C.I/La jornada